Queridos niños:
Antes de la crisis, garantizar la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria era una preocupación para la mayoría de los sistemas sanitarios europeos. Una muestra de ello eran los constantes llamamientos a la racionalización de los costes y a una mayor eficiencia de la asistencia sanitaria. Antes de la crisis. Antes de la austeridad. Para ilustrar todo esto, comparto con vosotros una transcripción libre del capítulo relativo a política sanitaria de un informe de diciembre de 2016 del Observatorio Social Europeo (europeo, no afgano ni centroafricano) sobre las violaciones de derechos humanos como daño colateral de la crisis en Eurozona. Por si os visita el fantasma de las navidades pasadas.
Cuando todo estalló, las reformas en los sistemas sanitarios se hicieron urgentes y se abordaron de manera drástica en un puñado de países. En Grecia, el memorándum de entendimiento (MOU) de 2010 con la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) limitó el gasto público en salud al 6% del PIB; en 2012, se exigió un recorte del 8% en el gasto hospitalario y una reducción en el gasto farmacéutico equivalente al 1% del PIB. Estas medidas draconianas se adoptaron en un corto periodo de tiempo y sin tener en cuenta las necesidades de los pacientes. Los demás estados miembros de la Unión Europea también adoptaron sus medidas restrictivas: limitación del acceso a la asistencia sanitaria a pacientes nuevos y a personas mayores; recortes salariales y de personal; intensificación de copagos e introducción de otros nuevos relacionados con el coste de los medicamentos y otros servicios. Todo eso ha afectado a los indicadores de accesibilidad y calidad de los sistemas sanitarios europeos. El español, también.
Medidas como los despidos en el sector de la sanidad pública, los aumentos de las tasas y del nivel de la contribución del paciente mediante subidas de impuestos, copagos e inducción del gasto out of pocket (desembolso directo del bolsillo en bienes y servicios por cobertura pública insuficiente) hacen innegable el hecho de la reducción gradual del paraguas de los servicios públicos esenciales. Un paraguas precario que deja a la intemperie más dura a los pobres, a los sin techo, a los mayores, a los discapacitados y a sus familias y a las mujeres: en España y en Grecia los inmigrantes sin papeles están fuera del sistema de salud, excepto para la atención urgente. Situación parecida sufren ante la sanidad pública de Chipre los inmigrantes en situación irregular del norte del país e incluso los ciudadanos de la UE que viven en esa zona de la isla reconocida por Turquía como un estado independiente. En Grecia se estimaba en 2015 que 2,5 millones de personas (una cuarta parte de la población) vivían en el país sin cobertura sanitaria. En Portugal se han producido cierres de hospitales y la atención sanitaria en zonas aisladas se ha resentido notablemente (viajes de 150 kilómetros para ver al médico).
Una consecuencia directa de los drásticos recortes en los presupuestos de los hospitales estatales (camas, personal, etc.) es que los tiempos de espera han aumentado. En Chipre, el tiempo de espera para una cita en un hospital estatal es de siete meses; en 2012, 570.000 personas estaban en lista de espera para cirugía en España, y 480.000 en Irlanda. En España, entre 2012 y 2014 el número de médicos en el Sistema Nacional de Salud disminuyó un 5,6%. Como ha señalado el experto independiente (ONU) sobre la deuda en Grecia, Juan Pablo Bohoslavsky, “la austeridad mató a las enfermeras y los médicos antes de dirigirse a los enfermos”. En Irlanda, la amortización de plazas en la sanidad pública ha provocado hasta 2015 la pérdida de 1.500 puestos de trabajo. En Chipre, los contenidos del MOU con la Troika sobre la remuneración de empleados públicos alentó a los médicos a trasladarse al sector privado, dejando preocupantes huecos en las plantillas de la sanidad estatal.
Las enfermedades como la malaria y el SIDA se están propagando en Grecia desde 2009 mientras que en Portugal el número de niños debidamente vacunados está en caída constante. Los problemas de salud mental, incluidos los suicidios, han aumentado, según registros entre 2009 y 2011. El coste humano de la austeridad no es todavía totalmente visible. Sin embargo, el futuro parece preocupante y costoso, porque podría haber un efecto boomerang sobre la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, que ha sido precisamente la justificación de esas medidas adoptadas, apareciendo los impactos más específicos en términos de disminución de la esperanza de vida y el aumento de la mortalidad infantil en estos países.
Los grupos vulnerables se han visto gravemente afectados por las diversas medidas de austeridad. Jóvenes belgas menores de 30 años y las familias monoparentales a menudo posponen su cuidado, el tratamiento dental y la compra de medicamentos. En Grecia, el número de personas que han aplazado un examen médico por razones de precio aumentó un 85% entre 2010 y 2013. Personas con autismo y sus familias, hogares de bajos ingresos, solicitantes de asilo, las personas sin techo y los inmigrantes ilegales también se ven afectados en estos ámbitos en Chipre, Grecia y España. Lo mismo ocurre con las personas que viven en zonas rurales de Irlanda y Portugal.
Texto de referencia: OSE research paper, Violations of fundamental rights: collateral damage of the Eurozone crisis?
Todo cuento, queridos niños, debe finalizar con una moraleja: ya no se puede gestionar el sistema sanitario público con las reglas del mundo de ayer, ni abordar la resolución de sus conflictos consultando manuales escritos hace veinte años. Feliz Navidad.

 

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