Alfonso Pedrosa. El mundo de la farmacia recibe en el Informe Bamberg atención preferencial en el capítulo dedicado a la gestión farmacéutica y en un anexo, firmado por el jurista de Farmácitas Legal Mariano Avilés. Uno habría esperado un planteamiento más destroyer, dado el tono del documento, pero no: básicamente se trata de reflexiones que hace tiempo se vienen haciendo algunos responsables institucionales del sector y que ahora, y eso tiene su mérito, se ponen negro sobre blanco en abierto. Pervivencia del actual modelo regulado de boticas pero con menos control estatal, más supervisión colegial y, oh, paradoja, traslado de la responsabilidad de financiación del fundamento social del actual estado de cosas a las arcas del Gobierno.

Han ido apareciendo aquí comentarios sobre el diseño general del Nuevo Modelo, las claves políticas y su viabilidad financiera, en referencia a una iniciativa, recuérdese, planteada en coincidencia con el 25 aniversario de la LGS. Desde la perspectiva del gasto público en medicamentos, el documento identifica un oligopsonio consistente en que el 80% de las recetas son del SNS, un país con precios muy baratos y un entramado de 22.000 farmacias y 40 cooperativas de distribución.

Sin caricias preliminares, ¿hay que reducir el número de farmacias? "No lo sabemos", dice el documento, que se abre al reparto de cargas entre la población para hacer sostenible la situación: "Habría que contemplar la posibilidad de que los pacientes paguen el 100% de los medicamentos relativos a síntomas menores o de los medicamentos genéricos para patologías benignas". Sin embargo, el copago (tal como se viene entendiendo en el relato político-mediático del asunto) no aparece por ningún lado, ni siquiera para plantearlo en función de los niveles de renta. No sería necesario en este nuevo campo de juego. Qué cosas.

Al documento no le gusta que los gobiernos autonómicos metan baza por su cuenta en estrategias de control del gasto. En defensa de la equidad, por supuesto. "Las políticas de gestión de las comunidades autónomas han provocado la exclusión de medicamentos, limitaciones en la prescripción, cambios automáticos en las prescripciones de los médicos, sustitución de las prescripciones, etc. Estas medidas aparentemente sobrepasan las de gestión de la prestación farmacéutica ya que modifican el contenido y alcance de la prestación farmacéutica y, en mayor o menor medida, suponen una modificación de las condiciones de acceso al mercado, que es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad".

Respecto a la industria, el documento consagra su valor como elemento tractor de la I+D+i y explica que el sector lo está pasando mal: son tiempos de ajustes y fusiones.

El Informe Bamberg recuerda que "las medidas de ahorro (…) se han centrado sobre la oferta de medicamentos" y que ya es hora de fijarse en otros elementos del esquema, como el del control del número de recetas. Reclamación histórica del sector, by the way, a los gobiernos de todo signo.

Un poquito de trazabilidad (ay, esas exportaciones paralelas) y otro de recordatorio de que a las autonomías hay que atarlas en corto aportan más notas de color a estas alturas del informe.

En cuanto a la planificación, la oda al servicio público que prestan esos establecimientos privados llamados farmacias necesita el concurso del Estado: una farmacia allí donde sea necesario ese "servicio público sanitario", pero, ojito, "con arreglo a los niveles de servicio que se establezcan en función de las capacidades presupuestarias". Y, una vez acotados estos espinosos límites, "esta planificación, al igual que en el caso de la planificación de necesidades de centros asistenciales, debe realizarse proporcionando la Administración compensaciones que hagan atractivo abrir una oficina de farmacia allá donde no fuera rentable". Compensaciones, ¿por qué? Pues por las actividades de atención farmaceútica, seguimiento farmacoterapéutico… Que tiene que pagar el Estado. De ahí que el documento plantee la necesidad de "un cambio del modelo de retribución de los farmacéuticos comunitarios de manera que no esté ligado al precio de los medicamentos, pagándole [¿quién?] los servicios sanitarios". Conjugar planificación y libre iniciativa, vamos.

El abogado Avilés habla en un anexo al documento del modelo de gestión de farmacia. Sus reflexiones tienen el indudable mérito de aparecer firmadas de su puño y letra. Se retrata. Hasta donde puede, pero se retrata. Su texto contiene perlas que hacen a uno acordarse del gran Poiares Maduro y sus reflexiones shakesperianas sobre la famosa cuestión prejudicial de la adjudicación de farmacias en Asturias. Dice Avilés, sobre las salidas profesionales de los farmacéuticos: "Los organismos colegiales e institucionales tienen una deuda social de extraordinario nivel hacia una juventud universitaria que cursa los estudios de Farmacia con el ánimo de su ejercicio, que en nuestro país, de entrada, es harto difícil y sujeto a agentes externos del mercado impropios de una disciplina sana". Según este experto, "la extraordinaria intervención administrativa (…) hace del medicamento que sea un fabricado cautivo sometido a la evaluación, autorización, registro, precio y control por parte de la Administración".

La farmacia española, en su realidad bifronte público-privada, tiene "unos matices mixtos un tanto extraños", dice este análisis particular de la cuestión. Es un modelo el español sometido a una presión administrativa "que bien pudiera estar al límite de la inconstitucionalidad". ¿Propuesta? Que se retire la Administración y que se aproxime el control colegial.

Y, por supuesto, una lanza por el debate liberalizador: habría que recapacitar sobre "si este sistema de exclusividad en la instalación de una oficina de farmacia, en los tiempos actuales, es el mejor modelo para un desarrollo adecuado de la profesión que ya percibe tensiones de competencia y que está construido sobre la unión de países que fomentan, en su propia esencia, que los muros divisorios desaparezcan". Por mor, precisamente, de la prosperidad profesional: "Llama poderosamente la atención que el régimen tan cerrado en el que se mueve la oficina de farmacia sea precisamente el que hace que el farmacéutico no pueda encontrar vías razonables de sustitución de servicios para la merma de sus ingresos; el propio sistema le impide el desarrollo". "No sería de ningún punto descabellado -señala el jurista Avilés- hablar de un modelo de prestación que para paliar la merma de ingresos que se vienen produciendo paulatinamente vía margen de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud se estudiara un modelo retributivo ligado al extraordinario servicio que hoy prestan las farmacias desvinculándolo de esta manera de los precios de los medicamentos".

Reinventarse. Avilés utiliza esta expresión. Y concluye: "Mientras la farmacia esté como ahora, estará retrasando su catarsis definitiva y tendrá que estar sometida a las tensiones derivadas de una permanente observación".

Ahí quedó. Ésas son algunas de las febriles ensoñaciones que me ha producido la lectura de tan enjundioso documento. Si han servido para que a alguien se le despierte el gusanillo de la curiosidad y bichee entre las páginas del informe original, sabiendo que contiene propuestas de calado aplicables sobre un asunto serio, como es el de la pervivencia del sistema sanitario público español, ha merecido la pena ponerlas por escrito. Hay otras lecturas posibles del documento, seguro que más brillantes, más certeras, que la glosada aquí. Me encantará conocerlas; así que, avisad.