Alfonso Pedrosa. Financiación y aseguramiento. La cosa económica. El meollo del cogollo. No hay un duro, dice el documento del Nuevo Modelo de Futuro de Gestión de la Salud. Según las reflexiones contenidas en este informe de la Fundación Bamberg presentado con ocasión del 25 aniversario de la Ley General de Sanidad española, en menos de una década, la mitad del gasto público de las comunidades autónomas irá a la sanidad, básicamente por razones de envejecimiento demográfico. El informe propone una financiación finalista sin ambages para modular los efectos del nuevo escenario asistencial. Y aporta argumentos contundentes de inconfundible aroma jacobino: "El sistema de financiación de las comunidades autónomas es una fuente de desigualdades e inequidades porque está basado en la capacidad de financiación de las comunidades autónomas para generar recursos (…) Y también porque el actual sistema de financiación deja al libre criterio de cada comunidad la decisión de su gasto sanitario".
 
Un déficit acumulado de 11.000 millones de euros y una morosidad vergonzosa por parte de las administraciones con sus proveedores terminan de encuadrar la cuestión.
 
Además, aquí no controla los costes del sistema ni Blas. Somos capaces de plantear hipótesis sobre la pérdida de productividad en la economía imperial que supondría la destrucción del planeta Alderaan por la Estrella de la Muerte y de llevar los resultados de la investigación a un congreso internacional de gestión, pero brilla en demasiadas ocasiones por su ausencia el secular sentido común que desaconseja estirar más el brazo que la manga.

Las reflexiones del documento en torno a la gestión económica y a la viabilidad del Nuevo Modelo son coherentes con los capítulos dedicados al planteamiento del esquema general y a la presencia de las decisiones políticas en este contexto. "Esa forma de actuar [la que habría puesto al sistema al borde de la quiebra] es el reflejo de una postura paternalista de las autoridades sanitarias y de los órganos de representación del ciudadano. Los impuestos son percibidos como propiedad del Estado o de la Comunidad Auutónoma o del Ayuntamiento, quienes, en tanto que amos absolutos de los recursos, los administran de acuerdo con sus intereses personales". Muy Tocqueville, sí señor. Dan ganas de apuntarse al Tea Party. O de denunciar estas cosas en un juzgado. Que, digo yo, ya puestos, que por qué no lo hace alguno de los autores del informe, porque hay cierto tufillo a prevaricación y a apropiación indebida en esas conductas tan denostadas…

La Entidad Pública Aseguradora (EPA) sería el núcleo caliente de la concurrencia de empresas privadas y organismos públicos para hacerse con el aseguramiento básico de la población. Sin veleidades regionales, que desaconseja vivamente el documento de la Fundación Bamberg. Aunque, por otro lado, sí que permite a los servicios regionales de salud contratar "seguros complementarios" con las aseguradoras para su población, "en el marco de sus preferencias políticas y presupuestarias".

"Los ciudadanos son los que deciden a qué aseguradora quieren pertenecer de las concertadas con el Estado. Por ello el Estado pagará a cada aseguradora la prima correspondiente a la suma de ciudadanos que la han elegido", dice el documento. Y claro, cada una de esas empresas atenderá con el mismo mimo, sin duda, a un habitante de las chabolas de debajo del puente que al vecino de una exclusiva urbanización. Por supuesto.

Y un toque más. Dado que el Estado es el inductor de los monopolios, ologopolios, monopsonios y otros males de la economía, hay que evitar cualquier tentación sovietizante: "Son de dominio público las ineficiencias de la planificación de la producción de la economía y de las empresas estatales en su actividad económica (…). Deficiencias de las empresas públicas que en países de economía de mercado han tenido que suplirse con subvenciones públicas más o menos encubiertas o la creación de situaciones de privilegio de estas empresas públicas en los mercados". O sea, que no sólo no puede uno mosquearse con, pongamos, la facturación a terceros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía, sino que además hay que aplaudir que el viejito de la Axarquía se quede sin helicóptero medicalizado porque lo tiene pillado en alquiler un jeque petrolero en una mansión de la Costa del Sol.

Cierto. Determinados abusos han erosionado más los fundamentos del SNS que cualquier furibundo ataque neocon.

A lo que vamos: "Los hospitales públicos serán autogestionados [ah, Durruti… qué paradojas tiene la Historia], con presupuesto propio y cuenta de resultados, al igual que los consorcios catalanes [ahí, ahí cantó la gallina]. Los hospitales públicos y los privados concertarán con las compañías aseguradoras la provisión de las prestaciones aseguradas".

Pues nada, a competir. Se supone en el documento que el aire libre de la sana competencia tutelada por la EPA eliminará sesgos indeseables de selección de riesgos (los pacientes pobres, viejos y más chungos, a la pública) y que los centros públicos funcionarán mejor, una vez que se pongan las pilas y sean capaces de resolver ciertos arcanos de, por ejemplo, una política de personal tendente a conjugar el chollo de la plaza funcionarial de por vida con la variabilidad en las retribuciones. Pero con dinero de verdad, no con cupones-descuento de objetivos que se cumplen sólo por fichar y billetes del Monopoly que van de mano en presupuestos ficticios.