Juanma Cáliz. Como habría de esperar, el asunto de la vacuna contra la varicela protagoniza desde hace ya meses un culebrón sanitario, a vida cuenta del volumen ingente de ‘dimes y diretes’ que viene soportando en los últimos meses. Pues bien, mañana mismo, 25 de junio, se prevé que el Ministerio y las CCAA traten en la Comisión de Salud Pública el asunto de las restricciones al ‘Varivax’.
 
Así, se volverá a poner sobre la mesa los pros (del ministerio) y contras (por algunas CCAA que ya han pedido que vuelva al canal de farmacia) del bloqueo que la Agencia Española del Medicamento ha llevado a cabo con los nuevos lotes que la compañía Sanofi Pasteur MSD había solicitado para Ceuta y Melilla (con anterioridad ya había pasado lo mismo con Navarra), únicos reductos del territorio nacional en los que sí estaba autorizada su dispensación en el canal de la farmacia. Como se recordará, los gobiernos locales de las dos ciudades autónomas y el gobierno foral de Navarra se habían desmarcado del calendario vacunal único fijado en 2013 entre Sanidad y CCAA.
 
Y es que, este nuevo envite hace temer a los partidarios de su dispensación en las boticas españolas de una nueva restricción por parte de las autoridades sanitarias españolas: su paso exclusivo a un ‘uso hospitalario’. En este caso, la vacuna de uso hospitalario se denomina ‘Varilrix‘, estando aprobada para pequeños que tienen patologías de base, no así niños sanos.
 
Pues bien, es en dicho asunto donde me ha venido a la mente un reciente post, que, al margen de defender o criticar la medida estatal, pone el acento en una suerte de ‘coladero legal’ de la vacuna, donde los que tienen más recursos y la posibilidad de acceder a la sanidad privada podrían tener acceso a la misma previo pago de una consulta, además del posterior desembolso del inyectable.