Uno de los argumentos que han aparecido desde el principio en el enconado debate abierto sobre este asunto es el de la calidad de los medicamentos suministrados, relacionado con su bajo precio y la acusación más o menos velada de falta de controles en origen. Tanto los fabricantes afectados como la Administración sanitaria andaluza zanjan esa cuestión apelando a las leyes del mercado y al hecho de que los medicamentos que circulan en España han pasado los controles de la Agencia del Medicamento.
En este debate acaba de emerger un elemento (existente en realidad, aunque soterrado, desde sus comienzos) que introduce factores no controlables por los principales actores de la historia de las subastas: la dimensión glocal del asunto, que se reviste de una lectura secuencial:
Fase 1: trabajadores en origen de una de las compañías adjudicatarias parece que no están muy contentos con la empresa, vaya por Dios, y aparecen problemas de calidad que la dirección corporativa de la misma vincula con el clima laboral interno.
Fase 2: la FDA, por defender la seguridad de sus ciudadanos y de sus propios mercados (el orden de prioridades no está muy claro), sin hurgar en episodios de su propio patio trasero, le pide (sin acritud) papeles y datos a esa compañía, que lo que son las cosas, es una de las adjudicatarias de las subastas andaluzas (circunstancia que probablemente no le quite el sueño a nadie en la Administración Obama).
Fase 3: la cosa se va liando y esto empieza a afectar ya a tirios y troyanos.
Fase 4: esa bonita historia pasa a formar parte de la munición de combate dialéctica utilizada en el escenario local, trasladando el centro de gravedad del debate desde la reivindicación empresarial y profesional al ámbito de la salud pública y la seguridad del consumidor.
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