El pasado 23 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el polémico Real Decreto de prescripción enfermera que cuenta con el total rechazo del colectivo. La proximidad de las fiestas navideñas no ha logrado calmar los ánimos de unos profesionales que, a través del Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse instan a la huelga competencial. Los representantes de ambas organizaciones aconsejan esperar a después de Reyes para hacer una valoración del seguimiento de esta huelga, ya que, aseguran, la norma ha entrado en vigor el 24 de diciembre, en plena Navidad, con el fin de que pase desapercibida.

El rechazo de los enfermeros a este Real Decreto está motivado por la introducción de la necesidad de un diagnóstico, una prescripción y un protocolo o guía de práctica clínica y asistencial diseñada por el médico para que estos profesionales puedan prescribir medicamentos. Este punto no estaba presente cuando fue analizado por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y tampoco cuando recibió el apoyo de la profesión enfermera. Pero sí era una exigencia de los representantes médicos que miraban con escepticismo la posibilidad de que enfermeros pudieran prescribir medicamentos. Según la Mesa Enfermera, esto significará en la práctica que el enfermero no podrá tomar una decisión si no cuenta con la revisión del médico.

El colectivo enfermero no ha sido el único en manifestar su desaprobación a esta ley. La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para invalidar este Real Decreto. De esta forma, Cantabria se convierte en la primera comunidad autónoma en mostrar su rechazo a esta norma. A esta se unen Navarra, Baleares y La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Esta última la ha tachado de incongruente: «Resulta difícil comprender que un Real Decreto que ha recibido tantos rechazos desde la mayoría de los profesionales de enfermería, desde numerosas asociaciones profesionales y desde numerosas comunidades autónomas, se publique en el BOE por un Gobierno en funciones».

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