Miguel Lasida. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha presentado en el Parlamento de Andalucía las líneas maestras de su cartera para la presente legislatura. Durante su primera comparecencia en la Comisión de Salud, el consejero resumió en cuatro los "hitos" que marcarán la política de la consejería para los próximos cuatro años, mencionando la próxima aprobación de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Público de Salud, anteproyecto que prevé el "blindaje" del servicio sanitario; el desarrollo de la Atención Primaria como "eje vertebrador del sistema"; la apuesta por la investigación y la innovación, elemento generador de "salud, conocimiento, empleo y riqueza"; y la asunción por parte de la consejería de las competencias de consumo, en la que pretende reforzar "el poder de los consumidores frente a los abusos".

Del debate entre Alonso y la oposición destacaron asuntos en los que coincidieron varios portavoces de los grupos parlamentarios. En ese sentido, fue unánime la solicitud al Gobierno de un incremento de las dotaciones destinadas al sistema sanitario, que mejore así el estado laboral de las plantillas y, en global, la asistencia sanitaria ofrecida a los ciudadanos.

El consejero, que estableció el equilibrio entre negarse a llevar a cabo una gestión "economicista" pero siempre sujeto a la "responsabilidad de gestionar los recursos con eficiencia", admitió a sus interlocutores la necesidad de recuperar los recursos perdidos durante la crisis. "Sin prisa pero sin pausa", llegó a expresar Alonso, que, en síntesis, achacó a la limitación de la tasa de reposición (impuesta por el Gobierno central) la situación de precariedad en la que se encuentran los profesionales sanitarios en Andalucía.

Sobre la calidad de los servicios en salud, a cuya partida el consejero pretende dedicar el 6,5 % del PIB autonómico para el final de la legislatura, el consejero aseguró querer "estabilizar" las plantilas sanitarias y se remitió a los datos del ministerio para argumentar, en cambio, el óptimo estado de los tiempos de espera cuando fue interpelado por el deterioro del servicio público.

Al portavoz de Podemos, Juan Antonio Gil, que se refirió a la "privatización silenciosa" producida por los recortes, el consejero le refirió, entre otros, la obsolescencia del indicador del número de camas a la hora de analizar la calidad de un servicio de salud y que el objetivo, en ese mismo apartado, es seguir potenciando la cirugía mayor ambulatoria y aprovechar la mejora tecnologógica para evitar el uso superfuo de los recursos hospitalarios.

A la portavoz de IU, Inmaculdad Nieto, el consejero señaló que su apuesta es la de un "sistema sanitario publico de prestación publica", principio que recoge el mencionado anteproyecto de ley de sostenibilidad del sistema andaluz, negando así la interprelación de la portavoz que criticaba cómo la concertación en Andalucía es algo más que una actividad complementaria al servicio público.

Los portavoces parlamentarios aportaron iniciativas de cómo lograr la mejora propuesta de la Atención Primaria (AP), capítulo del debate en el que la oposición coincidió al completo en la alineación con el plan presentado por el consejero. La crítica de los grupos parlamentarios, en este caso, se centró en las dudas sobre su puesta en marcha concreta, a lo que Alonso contestó que la consecución del plan integral no será inmediata. "Mientras habrá actuaciones que mejoren el sistema, como evitar la excesiva buocratización, redefinir los tratamiento para crónicos y revisar las competencias de Enfermería", mencionó entre otros.

A los problemas derivados de las fusiones de centros hospitalarios se refirió la portavoz del PP, Catalina García, a quien Alonso respondió, reafirmando unas declaraciones efectuadas con anterioridad, que las uniones de unidades de gestión sólo se producirán si no existe oposición de los profesionales que la integran.

También fueron materia de discusión y consenso entre la opsición y el Gobierno la conveniencia de sumar instrumentos de participación dirigidas a las entidades ciudadanas y de los profesionales que deseen sumarse a la gestión compartida de decisiones. Fue ésa una materia en la abundó la portavoz de Ciudadanos, Marta Escrivá, que, junto al PP, fueron los grupos que más críticas realizaron en relación a las subastas de medicamentos que la Junta mantiene en vigor pese a la oposición del Gobierno central.

 El consejero, que matizó a los portavoces al referirse a las subastas como "concursos públicos para la compra de medicamentos", derivó la responsabilidad al criterio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarias (Aemps), auque acordó con Escrivá, portavoz de Ciudadanos, la "complejidad" del debate, particular que merecerá futuros debates en la sede parlamentaria.