Fotografía: Comisión Europea / Androulla Vassilliou, comisaria de Salud.

 

Redacción Synaptica. Parece que la por ahora frustrada directiva comunitaria sobre el denominado turismo sanitario va a resucitar de entre los muertos. Los padres de la patria europea están jugando con fuego en su afán de dotar de legitimidad social a la arquitectura comunitaria y, con tal de acercar la realidad institucional a las expectativas de los ciudadanos, están dispuestos a firmar un pagaré por la carta a los reyes magos, por ahora bloqueado en el Parlamento Europeo. El denominado proyecto de directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza ha encontrado ahora un nuevo aval, vía toque de atención al estado miembro correspondiente que haya metido la gamba a ojos de las instituciones europeas. En este caso, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España, en razón del mantenimiento por el Ministerio de Sanidad de una autorización previa a la devolución de los gastos por atención no hospitalaria. Esta obligación, como ha informado la propia Comisión, supondría una restricción de los derechos de los pacientes. Ni al Ministerio de Sanidad español ni a las comunidades autónomas candidatas a recibir más pacientes comunitarios (entre ellas, Andalucía), les gusta que la UE proclame una especie de barra libre para todos. Básicamente, porque para los ciudadanos que se muevan a otro país para recibir atención médica quizá la directiva sea útil; pero podría ser catastrófica para los servicios de salud receptores, ya que los esfuerzos de eficiencia de los sistemas sanitarios locales (regionales) podrían resultar inútiles, al no poder modular la demanda; la propia eficiencia podría resultar penalizada, al dar origen a un efecto llamada devastador, dada la fragilidad actual de los equilibrios presupuestarios.