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La reforma sanitaria en España (y III). El bloody Mary

 
Alfonso Pedrosa. Contundente, refrescante pero con un punto ácido y amargo a la vez; con ingredientes conocidos aparentemente contradictorios y algunos desconocidos que se quedan para las diabluras privadas del barman…todo un clásico de la coctelería abierto a la innovación. Un bloody Mary, por favor, para poner a tono los cuerpos quebrantados del sector farmacéutico. Un combinado sabiamente mezclado, no agitado, para la ocasión. El capítulo dedicado a la prestación farmacéutica, el más extenso del RD 16/2012, con cuyo comentario dejo ya de torturar y torturarme, se alinea sin dudas con la apuesta por la actividad empresarial (las empresas son el alma de la cadena del medicamento, aunque al final de esa cadena lo que hay son personas, asunto, en este contexto, de importancia menor). No es una medida legislativa aislada. Tiene que ver con las Grandes Cuentas de los Grandes Asuntos que maneja el Gobierno. Para eso, los alquimistas del decreto entienden que no sólo hay que abordar una estrategia de segmentación. También hay que reordenar los flujos de uno de los capítulos de gasto esenciales y no en cualquier dirección: en aquella en la que, dentro de lo posible, se sientan apoyados los agentes esenciales que aportan valor añadido en términos económicos al sector. Un reparto de cargas, sí, pero también de beneficios. Aunque con una proporcionalidad más equilibrada para algunos que para otros. Un asunto que ya se veía venir cuando casi nadie hablaba de crisis.

En el bloody Mary servido por los alquimistas del decreto-ley, la prescripción por principio activo es una especie de magia negra ante la que hay que seguir haciéndose de cruces pero, de momento, no se puede extirpar (non olet, como el dinero de los impuestos recaudado por el uso de las cloacas de Roma). Aunque todo se andará, por qué no. Así que, "de forma general", ésa será la opción para los procesos agudos y, como primera prescripción, para los crónicos. Pero, a lo largo del camino, la cosa cambia. Se nota que en el decreto se han echado algunas cuentas sobre NNT en infecciones y sobre costes de la cronicidad, de tal manera que se entiende como razonable apostar por la marca en los tratamientos de continuidad. Primer gesto a favor, y no será el único, de reconocimiento de la innovación incremental y de su derecho a la defensa en términos de marketing en el mercado de prescripción. Y, para compensar a las compañías de genéricos, que también son marcas, ante la potencia de la denominada industria innovadora (esa tensión se entiende mejor, hasta cierto punto y en términos generales, si se habla de empresas nacionales y de laboratorios multinacionales), ante una prescripción por principio activo y a igualdad de precio, se sigue apostando por el genérico o, en su caso, el biosimilar. Asunto, que, de paso, mantiene en las farmacias la capacidad de sustitución (y de maniobra en la gestión).

El mecanismo de exclusión de los medicamentos del paraguas de la prestación farmacéutica del SNS es coherente con la lógica irenista (atenta a las voces de todos los grupos de interés afectados, excepto el de los ahora conocidos como asegurados, que asisten mudos al rediseño del copago sin que nadie les haya preguntado) del articulado precedente del decreto-ley. Por un lado, se marcan posiciones de austeridad con la mención a los precios seleccionados (las compañías que no rebajen precio, se quedan fuera. Como lo de las subastas andaluzas pero en fino, aquí no hay más chicos listos que los del Gobierno central). Por otro, los alquimistas se sacan un marrón de encima y crean a la vez una oportunidad de mercado: el decreto establece que un medicamento pasará a ser considerado EFP si así funciona ya en el entorno europeo y, además, un medicamento podrá ser excluido de la prestación (financiación) pública si es suficientemente seguro, conocido y utilizado. Una vez más en la historia de las autoridades reguladoras del medicamento, cabe preguntarse que por qué lo llaman seguridad cuando quieren decir dinero. Ah, y ni un euro para los medicamentos que tratan síntomas menores. Peligrosa decisión. Sobre todo cuando el concepto de síntoma menor es de una variablidad extrema y directamente asociada a los niveles de renta individual y de estado de salud. Y precios libres para los excluidos de la financiación pública. Ah, cuántas rebeliones, de boyardos y mendigos, han invocado esa cuestión.

Entre los criterios de inclusión, brilla como una supernova el reconocimiento a la innovación incremental. Por fin el regulador entiende, y lo pone por escrito, que el caviar iraní sólo llega a la mesa el día de la gran fiesta si antes has comprado mucho chopped-pork. Por fin se entiende que la innovación es un itinerario largo que sólo se puede recorrer apoyando a las mejoras modestas de los puntos intermedios. Ésa es la ley de las bolsas y el mercado de futuros: un cadáver empresarial no genera blockbusters. Blockbusters que muchas veces salvan vidas. Y qué buenos son, vive Dios, algunos bocatas de chopped-pork. Sí, se harán cuentas, desde luego. Pero, por delante, la innovación. De hecho, se tendrá en cuenta para financiar un nuevo medicamento sus beneficios clínicos pero, también "si para un mismo resultado en salud, contribuye positivamente al Producto Interior Bruto". Lo que se pierde por un lado se puede ganar por otro. Algo así como eso de José Mota de las gallinas que entran por las que salen. Ah, y todos por igual: las comunidades autónomas "no podrán establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos o productos sanitarios". Se acabaron algunos de los jueguecitos particulares a 17 bandas que tanto dolor de cabeza han dado a los encargados de las relaciones institucionales y del market access de algunos titanes del sector. Por ahora. Sólo por ahora. El don del poderío de los reyes del mercado lleva dentro de sí la condena del canibalismo.

Pero que a nadie se le olvide: esto no va de pastillas. Va de competitividad, y por eso el decreto sigue recordando, a través de medidas a favor de las empresas del Programa Profarma, que quien se porte bien aportará menos mordida porcentaje de sus ventas a las arcas del Estado. Algo parecido ocurre con las oficinas de farmacia, que ven plasmada en este texto normativo una interesante tabla de deducciones en función de sus ventas totales y de su esfuerzo por virar hacia eso que ahora se llama modelo farmacéutico asistencial, con un índice corrector para atemperar ajustes. En principio, se afloja un poco el pie del cuello de las pequeñas y se aprieta un poquito más a las grandes. Y parece que la aportación global de las farmacias se queda más o menos igual. Aunque aquí, como en tantas cosas, son las clases medias de la comunidad farmacéutica las que apechugan. En cualquier caso, mientras sigan pagando de manera directa o indirecta, las boticas serán básicamente empresas. Pymes intocables. Hasta que el contexto requiera otros cambios. Esto no va de pastillas, ni de capilaridad: va de ajustes y de crecimiento económico, de puntos de PIB.

Otro bloody Mary, por favor (y no me hagan mucho caso).

La reforma sanitaria en España (II). El despiece

Fotografía: Galería Flickr de equality. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. Una de las sorpresas más interesantes que aguardan en este paseo por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, está en el andamiaje de la asistencia sanitaria en España y su imbricación en la nueva arquitectura de la cartera de servicios. Aquí, los alquimistas han trabajado a fondo y lo que se ofrece al paseante es un mecano de piezas intercambiables, un regalo para quien tenga un poco de imaginación y guste de los experimentos de ingeniería social.

La modificación en este decreto-ley del artículo 3 de la Ley de Cohesión 16/2003 (publicada por un gobierno del mismo color que el que la cambia ahora) contiene un gran desafío para las mentes inquietas: "La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado". Bien, juguemos un poco con los elementos de esta frase pautada por una cadencia tranquila; se habla aquí de asegurados que reciben asistencia sanitaria con fondos públicos a través del SNS. Eso significa, en buena lógica, que por qué no va a haber asegurados con fondos privados atendidos a través del SNS; de hecho eso ya existe mediante la facturación a terceros, aunque no exactamente de manera rutinaria. Se puede ir (se está yendo ya desde hace tiempo) más allá: alquilemos dispositivos públicos a la iniciativa privada para que pueda atender a sus propios asegurados. Otra combinación interesante de elementos es la que ofrece el recordar la existencia de asegurados con fondos públicos que son atendidos fuera del paraguas asistencial del SNS: aun aceptando pulpo como animal de compañía, además de la anomalía bendecida del doble aseguramiento funcionarial, eso son los conciertos, pero también la cesión de soberanía de lo público por parte de las administraciones (de todos los colores políticos) cuando financian una cartera asistencial o la cobertura de una determinada población a cargo de instituciones privadas. Y queda la cuarta combinación, mi favorita: asegurados con fondos privados atendidos fuera del SNS. Con su pan se lo coman, pero sin trucos como el de la entrada a los megatecnotrones y a las UCI de Neonatología de la sanidad pública por la puerta de atrás.

Una vez fragmentados los grandes conceptos merced a la sustitución de la idea de ciudadano por la de asegurado, es más fácil aclararse. En este decreto ley no está presente la segregación de hecho por razones económicas, pero el texto deja en su sitio a cada cual, recordando lo de siempre: hay asegurados, beneficiarios de asegurados (todo eso lo decide la Seguridad Social) y, detrás, una red barredera para las rentas bajas declaradas como tales. Y no hay sitio para los espaldas mojadas: sólo los menores de edad tendrán garantía de asistencia sanitaria normalizada y los demás, a Urgencias. Una manera de contener la sangría de los abusos que puede salir bien. O no. Depende del horóscopo epidemiológico de las infecciones y de cómo se tomen los bichos patógenos eso del efecto rebaño de la protección vacunal; de que alguien caiga en la cuenta de que ese tipo de decisiones igual mosquea hasta lo inaceptable a la fiel infantería de la puerta de Urgencias; y de que los que hacen los números vean en sus cuadrantes que quizá sea más caro un ingreso-reingreso urgente que eso que ahora se llama continuidad asistencial.

Una vez aclarado lo del personal que hay que atender, veamos ahora qué se le ofrece. Una cartera común de servicios despiezada. La común básica, la común suplementaria y la común de servicios accesorios. La segunda y la tercera, con aportaciones directas del bolsillo del usuario (la farmacia y mucho más, bienvenidos al copago del transporte sanitario y a su generalización en el mundo de la ortopedia) y todas sujetas a una evaluación anual de costes. Evaluación que puede hacer que salga de la cartera financiada una determinada prestación. Ya no sirve que todo eso esté especificado en el Real Decreto 1030/2006 para blindar los contenidos de la oferta asistencial del SNS. Ahora se van a mirar, además, otras cosas. Nada es eterno.

Y la cartera complementaria de las comunidades autónomas, derrochonas e inconscientes: podrán incluir prestaciones por su cuenta, pero pidiendo permiso al Gobierno central. Esas propuestas deben tener garantías de suficiencia financiera y ser planteadas al Ministerio de Sanidad en un informe razonado. Por supuesto, ese dinero tendrá que salir de las propias comunidades autónomas, no de las transferencias de financiación general. Con un margen de maniobra cada vez más estrecho para hacer políticas diferenciadas y sin dinero para inaugurar nuevos edificios y brillantes cacharros, esto de gestionar la sanidad ya no mola. Empieza a ser un marrón que quizá sea mejor que se lo coma el Gobierno central. Vuelve la inercia centrípeta a la Administración. Y desde el centro, se ve más lejos la periferia.

 

La reforma sanitaria en España (I). Los alquimistas

Fotografía: Galería Flickr de Abode of Chaos. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. Ahí va mi cuarto a espadas sobre el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Lo he leído detenidamente y pienso que puede ser un ejercicio interesante, teniendo en cuenta el calado de sus planteamientos, darse un paseo por su articulado.

El texto posee un cuerpo de disposiciones generales, cinco capítulos (asistencia sanitaria, cartera de servicios, cohesión y garantía financiera, prestación farmacéutica y recursos humanos) y una batería de disposiciones adicionales. Intentaré trocear los desvaríos que se me vayan ocurriendo en varias entregas. En la de ahora intentaré explicar mis impresiones de conjunto y lo que me ha sugerido la lectura de las disposiciones generales.

Desde el punto de vista político, este decreto-ley es un error. Porque apuesta unilateralmente por un cambio de rumbo del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es legítima la acción de gobierno, pero no lo es cambiar las reglas de juego del patrimonio común sin preguntar a los dueños de ese patrimonio: la gente. El SNS no es de ningún partido: es de todos. Que la defensa operativa del concepto de SNS haya quedado adscrita, por la fuerza de los hechos, salvo rectificación posterior, a una de las dos sensibilidades políticas del Parlamento predominantes en España, es un fracaso. Es más: es una aberración. Y, desde el punto de vista partidista, un acto suicida, probablemente relacionado con un enfoque borroso de la realidad y con una interpretación equivocada del respaldo innegable e inédito que ha recibido en las urnas el partido que sustenta hoy al Gobierno de la Nación.

Desde el punto de vista técnico, es contradictorio: algunas de las propuestas de mejora de la eficiencia del SNS son lógicas, viables, necesarias. Sin embargo, el engranaje completo no conduce únicamente a mejorar lo que hay, sino a transformar el sistema en otra cosa. No es lo mismo hacer reformas en una casa que tirarla abajo, quizá dejando solo la fachada en pie, y construir otra nueva desde los cimientos. Hay medidas en el articulado de los cinco capítulos del decreto-ley y en sus disposiciones adicionales que hubieran podido aplicarse, orientadas a la viabilidad del SNS, sin romper sus costuras. Una vez más, se demuestra que el contexto determina el sentido de la acción. Hubiera sido posible hacerlo de otra manera. No se ha querido, no se ha podido o no se ha sabido cómo hacerlo. Ni siquiera el argumento de la situación de emergencia económica justifica plantear a lo bestia y a las claras no los recortes presupuestarios, sino la transición de un sistema de protección social a otro de aseguramiento. Es, simplemente, ignorar la Historia de España y las señas de identidad de un país definidas a lo largo de pautas de convivencia de siglos.

Desde el punto de vista estratégico, el decreto-ley es una obra de arte si la perspectiva de su génesis y finalidad se ubica en la respuesta a las demandas de intereses concretos, la mayoría de ellos legítimos y probablemente apoyados en el convencimiento honesto de que el concepto de Estado ha periclitado hace ya tiempo y que las sociedades humanas desarrolladas se articulan en torno a comunidades de empresas. Pero creo que aquí hay una confusión de ideas. Por un lado, el origen de lo público no se encuentra en el Estado, sino en lo común. Y por otro, lo público no es sinónimo de empleo público, ni mucho menos de blindaje funcionarial. Cambien el Estado, si quieren (es más, seguro que hay cosas que cambiar). Pero dejen en paz a mis raíces. En cualquier caso, en este decreto-ley, no se han tenido en cuenta de manera equilibrada todas sensibilidades en juego al respecto. Se ha impuesto sin dudar el discurso de la competitividad, sin mirar mucho a los lados, invocando razones de supervivencia económica y dando por demostrado que el único camino de supervivencia posible es el que se ha elegido. La gente una vez más asiste al secuestro institucional de la agenda pública. Abundando en la fineza estratégica del decreto-ley, tengo para mí que esto no se ha decidido en un calentón cubatero. Quizá la decisión de actuar así y ahora tenga que ver con las urgencias presupuestarias y la presión de la UE, pero el fondo del asunto se viene cocinando desde hace tiempo. Al menos, algunos recetarios ya estaban accesibles al público y, al repasarlos, he encontrado en ellos el inconfundible aroma de algunas escuelas de alta cocina. O de alquimia, podríamos decir.

En cualquier caso, los alquimistas del decreto-ley abren su texto con una monumental reprimenda a todo lo que se mueva: caos normativo, descoordinación, prestaciones desconectadas de la realidad socioeconómica y falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema… Eso habría llevado al SNS al borde del precipicio. Y ahora hay que purgar los viejos pecados. Como ejemplos presuntamente incontrovertibles de que eso es así, se traen a colación en el texto dos indicadores verdaderamente sorprendentes para quien conozca un poco las tripas del SNS, pero útiles para hacer visibles a los currantes, machacados y agobiados por llegar a fin de mes, el cachondeo y el despilfarro (que los ha habido) perpetrados alegremente: los abusos de los extranjeros y el hiperconsumo de medicamentos. Para ello, se menciona al Tribunal de Cuentas (nota de prensa, aquí; informe de referencia, aquí) y a los datos de gestión medioambiental de los residuos de medicamentos; el Sigre, vamos.

Y tras la reprimenda, el primer clic del cambio de rumbo: puesto que los currantes son los que pagan todo esto, planteémosles a ellos la solución del enigma de la Esfinge. Pongamos un poco de orden. Porque es precisamente esa falta de orden la que nos ha llevado al despeñadero. Poner orden significa distinguir y que esa distinción tenga consecuencias. El SNS ya no es sobre todo una garantía de derechos ciudadanos, sino un sistema de gestión del aseguramiento sanitario mayormente de los currantes que cotizan a la Seguridad Social. El sistema velará, pues, por sus asegurados. Pero el problema es que los conceptos de ciudadano y asegurado no son exactamente sinónimos. Un ciudadano tiene derechos intrínsecos a esa condición, un asegurado compra sus derechos, paga por ellos al cotizar. ¿El lumpen se queda fuera? No, claro que no. Pero no porque el lumpen tenga derechos (en cualquier caso, su posesión no es intrínseca, sino graciable), sino porque nosotros somos buenos. Benéficos. Benefactores. Hasta cierto punto y mientras el desembolso para pagar el aseguramiento de otros sea directamente proporcional a nuestra mala conciencia. Entonces, el lumpen seremos todos (o casi).

El tramo final de las disposiciones generales, además de contener algún que otro poltergeist (control de donaciones de órganos y tejidos), ofrece una perla de intenso sabor jacobino: «Las comunidades autónomas han extendido el derecho de cobertura sanitaria de forma diversa y sin tener en cuenta la legislación sobre aseguramiento, poniendo en riesgo la solvencia del propio Sistema Nacional de Salud». Recentralización. Todos los caminos deben volver a pasar por Madrid, nodo exclusivo de poder e influencia. Y de paso, se echa leña al fuego de los victimismos identitarios. Los demás, especialmente en el Sur, que somos muy graciosos, hablamos con acento raro, no damos un palo al agua y estamos todo el día de cervecitas al sol, nos quedamos para recibir veraneantes. Que es lo nuestro. Y luego habrá quien se pregunte al norte de Despeñaperros por qué por aquí abajo pasa lo que pasa.

Europa y los derechos civiles en Internet

Alfonso Pedrosa. En enero, España y sus socios comunitarios firmaron en Japón el ACTA, el famoso acuerdo antipiratería negociado en secreto, cuyas repercusiones pueden ir más allá de la estricta defensa de la propiedad intelectual y machacar algunos de los derechos civiles esenciales en Internet.

El Parlamento europeo tiene que votar sobre la ratificación de ese tratado en junio-julio de este año. Y ya se está organizando un movimiento de presión para que la UE no asuma ese texto regulatorio. Una de las referencias claves en esta historia es la campaña de la plataforma European Digital Rigths.

Todo esto, por supuesto, también afecta al sector salud. Y el fondo común de esta cuestión poliédrica no es ajeno a la realidad cotidiana que vivimos por estos pagos.

En el vídeo de abajo está explicado muy clarito por dónde y cuándo pueden ir los acontecimientos a extramuros de las fortalezas blindadas de los despachos. Lo he encontrado en un post de Geraldine Juárez en Alt1040.

 

La puta vida

Alfonso Pedrosa. Sé de muchas familias que viven de la pensión de un jubilado, para las que ocho euros suponen el presupuesto para comer durante una semana. Ustedes mismos. Chungo.

 

Exportando obesidad

Que el comercio es el gran embajador de los estilos de vida y la palanca más eficaz de transformación social y dominio político es algo demostrado a lo largo de la Historia. Y ahora acaba de conocerse un ejemplo más, creo que de cierto interés para las personas que estudian la evaluación del impacto en salud de las políticas de los países: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan, TLC, Nafta) es uno de los factores determinantes del incremento de la obesidad en México. Así parece señalarlo un estudio publicado semanas atrás en International Journal of Occupational and Environmental Health, que ya ha hecho saltar más de una chispa. Ampliar «Exportando obesidad»

Google, el Gobierno, la Policía y la Justicia

Ilustración: Galería Flickr de Inmigrante a media jornada. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. No es cuestión de apuntarse a ninguna teoría conspiranoica, pero los datos son los datos. El número de peticiones gubernamentales y judiciales de información sobre usuarios de Google ha crecido en España un 28%, según el último corte de su informe de transparencia. Nadie va a descubrir la pólvora por acordarse de eso: son conocidos el poder benéfico de los hubs y los riesgos que conlleva su utilización. De ahí la importancia de saber modular la depedencia propia ante esos recursos que ofrecen una tecnología tan usable y fascinante a cambio de información.

Dice Google que entre enero y junio de 2011 recibió en España 460 solicitudes de datos de usuario, relacionadas con 709 cuentas. Forman parte de investigaciones policiales y así se explica en el correspondiente corte de su informe semestral de transparencia. Son pocas, si se comparan con datos de otros países. Pero van a más.

En España se protegen por ley los datos personales y están previstas las correspondientes excepciones. Pero el paisaje se está moviendo y empiezan a menudear los encontronazos entre políticas de seguridad y derechos civiles en la Red. En parte porque crece el uso de Internet y las TIC en general y en parte porque la soberanía ciudadana o está en retroceso o está por construir, según en qué país nos fijemos.

Google colabora con eso que se llama Estado de Derecho. Bien. No puede debe ser de otra manera. Pero hay riesgos de que la cosa derive hacia una inercia de asfixia de la libertad individual. Especialmente si el nivelito de la lectura política (comisiones parlamentarias, etcétera) de asuntos del calado de la neutralidad de la Red, la protección de la propiedad intelectual o, mismamente, la defensa de la privacidad, sigue siendo el que es.

El último aviso acaba de llegar de Gran Bretaña. Unos señores muy serios, poco dados a la imaginación desbocada.

Así que uno no sabe muy bien cómo tomarse inventos tan atractivos como el de las Google Glasses:

El punto de fractura

Fotografía: Gerald Talpaert / Médicos del Mundo.

Alfonso Pedrosa. Si no pagas, que te atienda la Cruz Roja. O Cáritas. O, en este caso, Médicos del Mundo (MdM). Esta ONG acaba de presentar en Bruselas un informe sobre el acceso a la asistencia sanitaria de colectivos especialmente vulnerables en la UE. No en Burundi. Ni en Afganistán. En Europa. Y el horizonte que se entrevé es desolador. El 15% de los pacientes atendidos por MdM en Amsterdam, Bruselas o Londres en 2011 son ciudadanos comunitarios. En el caso de Munich, esa proporción es del 57,9%. El 13,88% de los pacientes atendidos por MdM en Europa son nacionales del país miembro de la Unión donde se produce la asistencia. En cualquier caso, seres humanos. Extranjeros y no extranjeros.

Ya se oye con nitidez en Europa el crujido de la grieta social en términos de equidad en el acceso a los servicios de salud. El punto de fractura aparece, según Médicos del Mundo, por donde era previsible: los pobres y los desplazados. Inmigrantes indocumentados, gitanos, drogadictos, personas sin hogar y prostitutas. Ésos son los primeros daños colaterales de la irrupción de la crisis en los dispositivos de protección social. Está empezando a quedar claro que si no tienes cinco euros para que te levanten la barrera en el hospital (caso de Grecia), tu alternativa es un dispositivo de emergencia de las ONG. Que, como es sabido, se están quedando sin subvenciones y desde hace tiempo están desbordadas. No en Afganistán o en Burundi: en Europa. Por eso nos cruzamos con sus voluntarios en las calles, pidiendo atención y dinero, y por eso montan de vez en cuando algún número de la cabra que ayude a hacer visible el problema.

En España estamos toqueteando cosas muy serias. Lo del copago (sobre todo, sus discursos subyacentes) ya no es una boutade pintoresca para indocumentados políticos y mediáticos; aquí puede pasar algo tan grave como convertir una conquista social en una dádiva de beneficencia que deje a los más débiles al albur de la suerte o de la buena voluntad individual.

La situación de emergencia económica es indiscutible. También es evidente que el contexto impone priorizar, decidir qué se salva y qué se quema en la caldera, revisar de arriba a abajo la fontanería del sistema. Pero es una barbaridad que eso lo decidan únicamente las instituciones delegadas de la representación parlamentaria, en funciones de gobierno, de oposición o de bacteria saprofítica, para el caso tanto me da.

Quien pueda, desde donde pueda, tiene el deber de reaccionar. Se ha acabado el tiempo del silencio de los corderos.

El factor geográfico

Me gustan los análisis de la realidad social, política, cultural, económica, que apuntan hacia lo trasnacional, hacia la superación de moldes que no hacen más que estorbar las relaciones entre las personas. Por eso traigo hoy aquí la referencia del último informe La Península ibérica en cifras, del INE. Ampliar «El factor geográfico»

Nuevos lenguajes en la farmacia española

 
Alfonso Pedrosa. El vídeo que hay arriba resume una buena idea muy bien trabajada de Rafael Borrás, que él mismo explica en su blog. Una defensa de la atención farmacéutica desde posiciones alienadas alineadas con el actual modelo español. En un lenguaje inédito, que yo sepa, en los entornos institucionales de la profesión. Aunque sólo sea por su originalidad, merece la pena prestarle atención.

Los invisibles

Fotografía: Galería Flickr de Rafa Zubiria. Algunos derechos reservados. Vídeo en Vimeo.

Alfonso Pedrosa. Hace poco, charlando con mi amigo Juanjo (un tipo que debería estar prohibido por su independencia de criterio), salió en la conversación el tema del poder de las oligarquías como mecanismo de sujección social. Es un ámbito que Juanjo conoce en profundidad como investigador y, en el juego de la charla, me pasó un artículo académico suyo, de hace ya algunos años, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. El texto en cuestión lo tenéis accesible en este enlace de Slideshare y aborda el (para mí) complicado asunto de la representación de intereses ante las autoridades públicas. Ciertas conclusiones a las que he llegado me han dado miedo. Otras, me han confundido más de lo que ya estaba. Y otras, me han dado esperanza. Creo que tiene interés compartirlas en abierto, al menos para identificar claves de debate que quizá ayuden a entender qué pasa cuando sobre el tapete de la agenda social y política aparece una propuesta no corporativa. Pero, sobre todo, qué puede pasar cuando las personas asumen un cierto compromiso de intervención sobre la realidad. Cuando Matrix se resquebraja. Cuando la toma de conciencia provoca un cortocircuito en los sistemas de control.

Juanjo parte en sus reflexiones de la descripción de los procesos de representación abierta. Hay intereses colectivos que no tienen una organización que los defienda en el escenario previsto por las instituciones democráticas y quedan ocultos al debate público.  Sin embargo, la voz de un individuo, expresando un caso concreto, puede ser también la expresión de un interés colectivo: es la representación abierta. El artículo de referencia cita algunos ejemplos de ello: el estudiante que protesta por el impago de su beca, un preso que denuncia malos tratos en la cárcel donde está internado o un paciente que se queja de las deficiencias de un servicio sanitario están planteando una reivindicación individual que, además, expresa un interés de todo un grupo de personas, más o menos amplio. Hasta aquí, queda claro el porqué del valor que le atribuyen las instituciones a esas voces individuales: para los centros de control institucional, son indicadores valiosos que, más allá de la estadística, ayudan a tomar la temperatura social de un determinado sector y a decidir en función de la potencia erosiva, fortalecedora o, en general, transformadora, que se le asigne a ese fenómeno. Eso son las encuestas de satisfacción, el análisis de las hojas de reclamaciones e, incluso, las tímidas ventanas al exterior que las instituciones (entre ellas las del mundo sanitario) están abriendo para aprender a escuchar, no vaya a ser que un buen día se encuentren con que su discurso y el de la gente son dos realidades sin nada en común. Y adiós, entonces, a la legitimidad social o a los beneficios de mercado, según el caso.

Y a partir de aquí es donde, a través de la maraña de mi desconocimiento de los arcanos de la ciencia social, entreveo cosas que me hacen pensar. En las sociedades formateadas por la matriz de la democracia liberal, de corte representativo parlamentario, las grandes decisiones están colectivizadas: unos pocos deciden por muchos. De tal manera que esas decisiones (fundamentalmente, aunque no solo, mediante la actividad legislativa) terminan creando intereses colectivos. Vale decir (otro ejemplo del que tira Juanjo en su artículo), las normas sancionadoras en materia de tráfico en carretera terminan creando un interés colectivo en torno a las repercusiones de las mismas, en forma de multas o de pérdida de puntos de carné. Y aparecen entonces, en algunos casos, organizaciones que defienden esos intereses; por ejemplo, una asociación de conductores. Ergo, en realidad, son quienes controlan esas decisiones quienes deciden, a su vez, qué es el interés colectivo. Esto es, son los decisores delegados por los ciudadanos para la gestión de la agenda pública quienes terminan creando los contenidos de esa agenda pública y, por tanto, la expresión de las prioridades colectivas de eso que se ha dado en llamar ciudadanía. Más allá: la misma existencia de intereses colectivos inducidos por esas instituciones encargardas de la gestión de la representación genera a su vez la creación de organizaciones que los defiendan. La oferta institucional crea la demanda del interés colectivo y no al revés. Si esto es así, es posible que nadie esté pensando en que quizá haya intereses públicos que no es que no existan: es que no se ven. Lo que se ve no es todo lo que existe. Hay un magma invisible que late bajo la superficie de la corteza política y social, donde rige la triple hegemonía de las instituciones gestoras de la representación, de las organizaciones especulares de los mensajes institucionales y de su correspondiente envoltura mediática. Y nos lo estamos perdiendo.

Se empieza a intuir entonces, detrás de todo ese entramado, un territorio invisible, pero real. Porque las personas afectadas por las decisiones  colectivizadas generadoras a su vez de intereses colectivos no siempre crean organizaciones: no hay expresión de ese debate en torno a esos intereses. Según la terminología del artículo de referencia, están una zona de insensibilidad.

Por otra parte, las entidades que surjen para expresar intereses colectivos en diálogo cerrado con las instituciones terminan cayendo en una suerte de cautividad: el alineamiento simétrico con las instituciones de las que son espejo hace que, con el tiempo y el desplazamiento de las inercias de la interlocución, esas organizaciones terminen por no responder a los intereses colectivos expresados en su origen. Hay asociaciones profesionales, de vecinos, de pacientes o de aficionados al mus, lo mismo da, que ejemplifican ese proceso de manera muy elocuente.

Hay intereses silenciados porque quienes querrían expresarlos no tienen herramientas para ello (gap de conocimiento), porque no superan los frenos sociales (desigualdad ciudadana funcional), o, quizá, porque esos individuos no vivan en trabazón grupal. En consecuencia, si se ponen a disposición de la gente herramientas de formación (más que de información), se desatascan frenos sociales y se favorece la creación de redes, es posible que emerjan intereses colectivos ocultos u ocultados.

El problema de este planteamiento benefactor es que las vías individuales de conexión con lo institucional (tribunales, relaciones ordinarias con la Administración, parlamentos, servicios de atención ciudadana, medios de comunicación, servicios especiales de corporaciones diversas) tienen límites y son demasiado inespecíficas. No están preparadas para la comunicación interpersonal. Lo esencial se pierde en el mensaje de vuelta, en el retorno. La zona de insensibilidad sigue bloqueada. Y al final, termina entendiéndose como evidente que la única salida prevista por la democracia liberal para la interlocución ciudadana es la institucionalización de la expresión de los intereses. Las asociaciones. Los partidos políticos. Las corporaciones. El grupo. No las personas.

El razonamiento termina de cerrarse cuando se examina con detenimiento el perfil de las personas que en un determinado momento abanderan procesos de representación abierta. Juanjo denomina a esas personas en su artículo sujetos intensos: son quienes asumen, sin buscarla, la representación del interés colectivo. En virtud de ello, las autoridades les confieren cierta capacidad de poder, una ilusión de poder, sobre el interés colectivo. Son los líderes. Y una vez más, la inercia de la interlocución institucional conduce a la domesticación del líder, a proyectar zonas de sombra sobre los intereses cuya defensa una vez situó a esa persona bajo los focos de la atención institucional. Por eso la gran tragedia de la deriva asamblearia de las organizaciones que quieren escapar de esa lógica es que termina generando delegados, interlocutores estables, válidos, y luego líderes, hasta encerrarse en la institucionalización. Queda trazado, así, un bonito círculo vicioso.

¿Cómo escapar de la ratonera? Cultivando el precipitado que dejan los procesos informales de deliberación mantenidos en el tiempo o retomados una y otra vez de manera intermitente (de ahí la importancia de los blogs sobre otros escenarios de expresión de la Red). Ese proceso va conformando un suelo, una plataforma de intervención, que se expresa en fenómenos de swarming, de acciones-enjambre, que por su propia naturaleza escapan al circulo vicioso de la institucionalización (al no tener líder ni molde prediseñado, poseen la versatilidad imbatible de una ameba) y obligan a las organizaciones formales a replantearse sus respectivas agendas. Es en esos nuevos contextos donde empiezan a construirse otras prioridades, estrategias diferentes, otros relatos de la realidad. No necesariamente en contra pero sí desde luego al margen de las instituciones. Son territorios montaraces y minoritarios, alejados de la agenda de la normalidad. Son el hogar natural de los exiliados, de quienes viven en el bosque. Pero en su autenticidad marginal hay esperanza. Porque generan sentido. 

La cátedra de la gente

Alfonso Pedrosa. Ahí abajo lleváis una parte del debate (la segunda) de la jornada Diabetes 2.0 celebrada hace ya algún tiempo en el Hospital de Valme. Son 45 minutos de autenticidad en estado puro, sin refinar, sin libro de abstracts.

En ese vídeo podéis ver cómo se desenvuelven en la conversación Patricia, Mavi, Javier, Federico, Rosa, Bea… Nada más y nada menos que personas hablando con personas. Sin estar necesariamente de acuerdo entre ellas, pero con una honestidad incuestionable, preciosa en estos tiempos. 

Paco (aka @ipacoflores) se pegó el curro (por la cara, como todas las personas que echamos ahí una mano) de grabar el evento y colgarlo después en Vimeo, donde hay más material disponible con las intervenciones más formales de la jornada y, gracias a su generosidad, todo eso está a vuestra disposición.

Diabetes 2.0_ Debate_2ªparte from Paco Flores on Vimeo.

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