Synaptica

Redacción Synaptica. El manejo del sida en los centros penitenciarios ya es, de por sí, todo un desafío clínico. Máxime en las cárceles españolas, donde la prevalencia de la infección por el VIH es del 13%, la más alta de Europa, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al informe general de 2003 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En Andalucía, la última información disponible indica que todavía queda mucho por hacer: un análisis de situación realizado con una muestra de 580 reclusos de tres centros penitenciarios (las prisiones de Córdoba, Granada y Huelva) desvela que, de un 73,1% de reclusos seropositivos a los que se les recomienda tratamiento con antirretrovirales, un 23,1% se niega a hacerlo. Los factores ligados a esta actitud son carga viral elevada, peor salud autopercibida, mayor número de entradas en prisión y recibir visitas de personas ajenas al entorno familiar. Este estudio, de carácter transversal, publicado en Gaceta Sanitaria, tras constatar la existencia de este grupo de internos que se niega a tomar la medicación que necesitan, insiste en la necesidad de abordar estrategias informativas específicas que logren hacer entender a estas personas las consecuencias de su decisión. Los autores son Luis Sordo del Castillo, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada); Isabel Ruiz Pérez y Antonio Orly Labry de Lima, de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP); José Manuel Soto Blanco, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico Universitario San Cecilio, de Granada; José Joaquín Antón Basanta, del Servicio Médico del Centro Penitenciario de Albolote (Granada); Eloy Girela López, del Servicio Médico del Centro Penitenciario de Córdoba; y José Manuel Castro Recio, del Servicio Médico del Centro Penitenciario de Huelva. El trabajo completo es de libre acceso.

Fotografía: Bobobao / Creative Commons. 

Redacción Synaptica. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Instituto de Salud Carlos III han suscrito el convenio de colaboración 2008-2010 para la investigación en terapia celular y medicina regenerativa. En el acuerdo, firmado el 10 de abril y aparecido en el BOE del 24 de mayo, se establecen objetivos y financiación. El Instituto de Salud Carlos III, organismo perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo, aportará 6,9 millones de euros. Por su parte, la Consejería de Salud financiará con 5,7 millones de euros. A pesar de la prudencia que suelen reclamar los cientificos sobre la aplicación clínica de estas investigaciones en desarrollo, el convenio aspira a "generar nuevas infraestructuras asociadas principalmente a la fase clínica de la investigación", en la que se trasladan y aplican los conocimientos generados en la investigación inicial; "no sólo en el ámbito andaluz sino internacional, acercándolos a su transformación en Salud", señala. Asimismo, subraya su intención de favorecer la creación de un tejido empresarial que "habrá de jugar un papel fundamental en la implantación real de las terapias avanzadas en un futuro no demasiado lejano".
Consulte aquí el pdf del texto del BOE completo.

Fotografía: Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer).  

Redacción Synaptica. EPER es el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes. Ofrece acceso a información sobre las emisiones anuales industriales al aire y al agua de aproximadamente 9.200 plantas en los antiguos 15 Estados miembros de la UE, así como Noruega y Hungría, según datos recogidos en 2001; posteriormente un segundo informe de 2004 amplió a 25 países. Estos datos permiten, por ejemplo, cuantificar  el impacto de estas industrias en la mortalidad por cáncer de una zona determinada. Recientemente, un estudio  ha destapado errores en la aportación española de estos datos corrigiendo y validando la situación exacta de todas estas industrias. Su trabajo, publicado en el International Journal of Health Geographics, sitúa a Andalucía (junto a Murcia, Canarias y Madrid) entre las cuatro comunidades que más fallos mostraron en la geocodificación de sus plantas industriales contaminantes. El trabajo ha sido realizado por investigadores del Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología  y del CIBER dedicado a Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp); pertenecientes al Instituto de Salud Carlos III. Como ejemplo, esta imagen de Avilés, Asturias, muestra la situación real y la recogida originalmente por el registro. 

Acceda aquí al trabajo completo.
Acceda aquí a los datos EPER generales (en sus dos versiones: EU15 y EU25) o por país.

 Fotografía:polo químico de Huelva. Por J.Merelo

Fotografía: Metro de Nueva York / Epicharmus.

Fotografía: Walter Webb, NIH.

Redacción Synaptica. The Lancet repasaba recientemente en un reportaje algunas iniciativas más o menos aisladas desarrolladas en varios sistemas sanitarios que proponían incentivos económicos por adoptar estilos de vida saludables. Al parecer, este enfoque ha llegado a determinadas recomendaciones del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) británico, que apoyaba el establecimiento de incentivos a drogodependientes que cumplan en los programas de deshabituación; y a su National Obesity Strategy, que sugirió incentivos financieros para fomentar la pérdida de peso, una alimentación saludable o el aumento de actividad  física. El artículo repasa programas concretos: incentivos financieros para  fomentar la  adhesión de los padres a los programas de vacunas, seminarios a madres jóvenes para evitar embarazos no deseados mediante el pago de 7 dólares por clase; o canjear vales de transporte y cestas de alimentos en pro de la adherencia  terapéutica entre tuberculosos en tratamiento en Rusia, América Latina y algunos países de Europa oriental. En España, la única iniciativa similar, que también menciona Lancet, es un estudio realizado por la Facultad de Psicología Universidad de Oviedo y el Proyecto Hombre de Asturias, Efecto de los incentivos sobre la retención en un tratamiento ambulatorio para adictos a la cocaína.

Fotografía: Anita Martinz by Flickr (Creative Commons)

Redacción Synaptica. Nacer en Andalucía supone cargar con la perspectiva estadística de morir dos años y medio antes que si se hubiese nacido en Navarra, la comunidad con mejores indicadores del país. El peso de las desigualdades económicas es tal que, si no cambia la tendencia, "Andalucía no alcanzará la esperanza de vida que se disfruta ya en España hasta el año 2014 y no alcanzará la de Navarra hasta 2020". Esta cita procede del Indesan, un informe sobre desigualdades en salud en la comunidad autónoma, elaborado por un panel de expertos bajo los auspicios de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía. Andalucía experimenta un retraso de seis años en la mejora de la esperanza de vida de sus ciudadanos. Suele explicarse este desfase, con todo lo que supone, apelando al retraso social y económico del que se parte históricamente. Y cabe equilibrar esta apreciación señalando, también, que ya han pasado más de dos décadas desde que Andalucía puede dotarse de herramientas para resolver la situación. El documento contiene varias recomendaciones, algunas centradas en la acción política, como la creación de una comisión en el Parlamento de la comunidad autónoma para el seguimiento de las desigualdades en salud, que emita un informe cada dos años.

 Ilustración: Medprof

Redacción synaptica. Cinco meses después de que la Ley de Farmacia de Andalucía lo anunciara, no se han dado pasos visibles para la creación de la Comisión Autonómica para el Uso Racional de los Medicamentos. Esta Comisión tendrá, entre otras, las funciones de evaluar la utilidad terapéutica comparada de los fármacos y establecer criterios de armonización en el uso racional de los mismos.  La Comisión ya aparecía en la elaboración del anteproyecto, de enero de 2006, y la administración lo consideraba una acción pionera en España. De momento, la Junta aun no ha logrado dotar de rango legal dichas políticas de uso racional. Los otros dos órganos de asesoramiento que estableció la ley son el Centro Andaluz de Farmacovigilancia, situado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; y el Centro Andaluz de Documentación e Información sobre Medicamentos (Cadime). El Cadime, aunque abandonó la publicación de monografías en 2006, justo hoy acaba de editar, tras varios meses, su nuevo boletín terapéutico.

Fotografía: Flickr, by worak