Juanma Cáliz. Vengo asistiendo en las últimas semanas (al igual que muchos padres en este país) al pulso soterrado que están manteniendo las autoridades del Ministerio de Sanidad, por un lado, y las sociedades científicas, sobre todo el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación Española de Vacunología (AEV), por otro, a cuenta de las restricciones que las autoridades ministeriales han decretado para la venta en farmacias de la vacuna contra la varicela ‘Varivax’ (comercializada por Sanofi Pasteur MSD).
Este asunto se ha visto, además, agravado y enmarañado por la trágica muerte de la pequeña de Treviño (Burgos), a consecuencia de las complicaciones derivadas de una varicela. Más allá de la vergonzante y bochornosa situación a la que tuvieron que asistir estos padres y la agria polémica desatada cuando les fue denegada la ambulancia que solicitaron al Servicio Vasco de Salud por la cercanía de esa localidad al territorio vasco, argumentando un problema competencial entre CCAA (éste país para según qué cosas es más federal que Alemania y EEUU juntas), existió a mi entender otro debate más soterrado y no menos importante. Y es que la niña de tres años no estaba vacunada.
Y aquí es dónde a mi juicio está también la ‘madre del cordero’, ya que la inmunización contra la varicela se decidió para este 2014 retrasarse a los niños de 12 años que no la hayan pasado, según lo que acordaron las CCAA (a excepción de Navarra, Ceuta y Melilla) en un Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (CISNS) de 2013. En Navarra, por ejemplo, se sigue aplicando a los 12 meses, con una segunda dosis de recuerdo entre los dos y los tres años. Las autoridades de la comunidad foral sustentan su decisión en que en su territorio la enfermedad está ya prácticamente erradicada y que retrasar su colocación echaría por tierra el trabajo de inmunización de años atrás (y el desembolso que se ha hecho hasta el momento).
Así el escenario, lo que todos nos preguntamos son las razones que han llevado al Ministerio ha acordar con las CCAA este cambio, algo que las sociedades científicas, a excepción de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), junto con el citado laboratorio, han reprochado. O, si se prefiere, a preguntarnos esa defensa numantina de los pediatras y el laboratorio en cuestión por que se abra la venta en farmacias de la vacuna para todos los padres que la soliciten, además de incluirla en el calendario vacunal a partir de los 12 meses.
Los pediatras alegan que detrás de estas restricciones sólo existe un criterio economicista (de ahorro), con el añadido además del ‘estraperlo’ que ya está originando su imposibilidad de adquirirla en farmacias. Así, ya se está registrando el fenómeno de padres de otras CCAA que acuden a farmacias de Navarra para adquirir este suero, o bien optan por comprarlas en Andorra o Portugal.
En el polo opuesto, tanto Sanidad como la SESPAS sostienen que la varicela es una enfermedad banal y que es mejor pasarla en la infancia, ya que así se garantiza una inmunidad mucho más potente que la que otorga la vacuna en sí. Y, en estas, Sanofi Pasteur MSD ya ha anunciado que ha denunciado a Sanidad por impedir la venta en farmacias.
Y en todo este laberinto kafkiano de cruce de declaraciones y del ‘y tú más’, hay quien arroja un atisbo de luz en todo este asunto de medias verdades. Quizás no dicho claramente por ninguna de las dos partes en conflicto por aquello que decía el filósofo alemán Immanuel Kant de que aún no hemos entrado (el pueblo) en la mayoría de edad, al margen de posibles intereses concretos de unos y otros.
Dicen que administrar la varicela de forma desordenada puede provocar cambios epidemiológicos con consecuencias nocivas (aspecto defendido por ejemplo por la SESPAS), aunque por otra parte la misma OMS sostiene que una vacunación sistemática a todos los niños en el primer año de vida conseguiría controlar y erradicar la varicela. Ergo existen dos grandes vías: aceptar la vacunación sistemática e incluirla en el calendario vacunal, esto es, pagarla, o bien prohibirla para que no se vacune de forma desordenada. Esta segunda opción conlleva además un ahorro económico. Y, claro está, en esta opción se enclavan además los que argumentan que en España se ponen muchas vacunas. En fin, elijan ustedes mismos.