Fotografía: Galería Flickr de Emilio del Prado. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. Hay dos cosas que realmente me gustan del anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, pendiente aún de entrar en la agenda del debate parlamentario, y otra que no me gusta nada.

Lo que me echa para atrás de la iniciativa es precisamente que es una ley. Quiero decir: cualquier día de éstos, la autoridad legisladora de turno nos va a garantizar el derecho a la inmortalidad. Se legisla demasiado y se aplican las leyes demasiado poco. Pero eso es sobre todo un problema del contexto en el que se desenvuelven las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en un sistema de representación democrática cuyos bordes ya han sido superados por el cambio social. No es una característica que haga, per se, más o menos inoperante un proyecto legislativo concreto. Aunque limita, sin duda, paradójicamente, su legitimidad de origen. Queda, pues, el futuro ejercicio de la ley, su aplicación práctica, como fuente de legitimidad fundamental.

Me gusta de ese anteproyecto de Ley la irrupción, por fin, del concepto de Evaluación del Impacto en Salud (EIS), que queda definido así en el borrador: "Combinación de métodos y herramientas con los que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud de la población, y acerca de la distribución de esos efectos entre la población". EIS con consecuencias: un informe de evaluación muy concreto y, en ocasiones, preceptivo.

Pero lo que más me gusta del anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía es el artículo 13. El derecho de la gente a intervenir, desde el principio, en este mundo hasta ahora reservado a los grandes, a los sabios y a los poderosos. Dice el artículo 13: "La población en Andalucía tendrá derecho a la participación efectiva en la formulación, desarrollo, gestión y evaluación de las políticas en materia de salud pública, de manera individual o colectiva". Eso está bien, muy bien. No he podido evitar acordarme de planteamientos sobre los que hemos deliberado aquí mismo, en Synaptica, tiempo atrás: si la sanidad pública es de la gente, ¿por qué la gente no participa en su gestión? En este punto, los redactores del anteproyecto se enfrentan a una auténtica prueba del algodón: el desarrollo reglamentario (ah, la tentación de controlar los reglamentos) de los mecanismos que lleven a la práctica este derecho. Es importante no equivocarse aquí: está en juego mucho más que la tranquilidad doméstica de los órganos clásicos de participación. Está en juego la reconexión de la vida pública con las aspiraciones reales de las personas reales y sus vidas reales.

El debate está abierto y la misma Administración sanitaria ha habilitado un espacio, vía blog, para, por ahora, sobre todo, prestar oído a las conversaciones que se generen a su alrededor. Buen comienzo, aprender a escuchar; es el paso previo para aprender a hablar.