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Política sanitaria

Hospitales: hora de medir

Las personas ajenas profesionalmente al mundo sanitario no tenemos ni idea de la complejidad que entraña el funcionamiento de un hospital. Cuando, abocados por la necesidad impuesta por un problema de salud, entramos en contacto con estos mastodontes institucionales, nos quejamos si la atención ha sido deficiente y les echamos un último vistazo agradecido al salir por sus puertas si se nos ha tratado bien. Poco más: cometemos el inmenso error de juzgarlos solo como un bien de consumo por el que pagamos. Como una entrada de cine, un paquete de vacaciones o la revisión anual del coche familiar; con la conciencia nebulosa de no controlar muy bien la relación calidad-precio, independientemente de si ese pago se produce a través de la recaudación fiscal o de una póliza de seguro privado.

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Argentina: proyectos locales de participación en salud

El Ministerio de Salud de Argentina, a través del programa Redes, está impulsando el fortalecimiento de la Atención Primaria a través de la participación ciudadana. El programa Redes, en funcionamiento desde 2009, promueve tres líneas estratégicas de acción: fortalecimiento de las redes de servicios de salud, el fortalecimiento de las competencias de los equipos profesionales que trabajan en este ámbito y el acompañamiento y supervisión de los procesos de gestión clínica.

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Los pacientes recurren la restricción de tratamientos para la hemofilia en el SAS

Alfonso Pedrosa.- El concepto de equivalencia terapéutica que maneja el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no convence a los pacientes de hemofilia. Por ello, la Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo) ha informado de la interposición de un contencioso contra la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de esa comunidad autónoma que dice que es legal que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pueda elegir entre diferentes medicamentos (considerados equivalentes entre sí desde el punto de vista de su eficacia terapéutica por la Administración) en función del precio que consiga en su licitación pública para tratar esa enfermedad. Para Asanhemo y otras organizaciones de pacientes relacionadas con la hemofilia, con este procedimiento se obvian ciertas peculiaridades clínicas que invalidan la equivalencia real entre los diferentes medicamentos invocada por el SAS.
 
Según Asanhemo, sólo mediante ensayos clínicos controlados por autoridades independientes que comparen los medicamentos entre sí se puede establecer si éstos son realmente equivalentes. Esta organización de pacientes reconoce que en el acuerdo marco del SAS sobre Alternativas Terapéuticas Equivalentes, que regula entre otras patologías el caso del factor VIII para tratar la hemofilia, se deja margen al médico para determinar otra prescripción específica diferente a la de la licitación, pero, sin embargo, la asociación de pacientes teme que esos otros medicamentos no estén a la hora de la verdad disponibles para los médicos, ya que habrían quedado fuera de la licitación del SAS.

España tarda menos que Reino Unido en aprobar nuevos fármacos contra el cáncer

Image courtesy of John Keogh at Flickr

Ramiro Navarro.- La necesidad de multiplicar según Comunidades Autónomas los informes de evaluación de fármacos en España es un factor criticado por un amplio sector de la industria del medicamento. Los laboratorios suelen aludir al sensible desgaste que producen las negociaciones multibanda y la excesiva burocratización de la cuestión. Muchos clínicos también padecen este sistema como un lastre a la hora de atraer ensayos clínicos a sus hospitales, una labor de investigación clínica con la que se cuenta ya como una vía más de acceso a la innovación. Para mirarnos aunque sea por un rato en un espejo y aliñar el debate, un estudio publicado recientemente en European Journal of Cáncer ha querido comparar los modelos de evaluación de medicamentos contra el cáncer existentes en España y Reino Unido.

El estudio dice que se evalúan más fármacos en España que en el NICE, el sistema sanitario británico. Atribuye este incremento a una mayor existencia de recursos en las agencias autonómicas y a la utilización de procesos más simples. El sistema británico dice ‘no’ a más tratamientos basándose en sus umbrales de coste-efectividad. España, por su parte, tiende a realizar recomendaciones explícitas para subrupos de pacientes en los que los tratamientos pueden ser más útiles. En general, tardamos menos en evaluar cada medicamento. Pese a que el tiempo de respuesta desde las agencias autonómicas españolas es mejor, el estudio admite que las múltiples reevaluaciones pueden producir en ocasiones retrasos en el acceso.

Curiosamente, reconoce el papel de los Informes de Posicionamiento Terapéutico y subraya la carencia en estos informes de evaluaciones económicas externas que no dependan del Ministerio de Sanidad. Aun así, asume que dada la escasa trayectoria de los IPT habrá que investigar más adelante su impacto real en el acceso a tratamientos contra el cáncer. En este proyecto han intervenido profesionales del la Universidad de Liverpool, el Hospital de Cabueñes en Gijón, el Hospital General La Mancha Centro, la Universidad de Granada, y el Hospital Virgen de las Nieves.

Dragones o lagartijas: hacia un informe ciudadano de posicionamiento terapéutico

Existen pocos mundos más opacos en el entorno sanitario español que el del procedimiento para establecer el aporte de valor de un medicamento a la salud de las personas. Ampliar «Dragones o lagartijas: hacia un informe ciudadano de posicionamiento terapéutico»

Entran en vigor los nuevos controles de Hacienda sobre el gasto sanitario autonómico

El BOE ha publicado la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sus repercusiones sobre la gestión del gasto sanitario en las comunidades autónomas pueden ser notables. Su incidencia en la gobernanza de los servicios regionales de salud, en el compromiso de cada Gobierno autonómico con su funcionamiento, y en general en todo el sector salud, también.

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