Habrá que ver en qué quedará todo este asunto, pero por el momento las voces que no terminan de creerse el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, comienzan a oírse. Ahora le ha tocado el turno a la organización de consumidores FACUA, que considera una “tomadura de pelo” el anuncio del ministro del ramo acerca de que devolverá la atención primaria a los inmigrantes irregulares. Y es que en FACUA recuerdan que, cuatro meses después de comprometerse a hacerlo, la cartera ministerial condiciona ahora tal concesión a que los afectados estén empadronados por más de un año en la comunidad autónoma en la que soliciten el acceso, entre otras cosas.

Frente a ello, la asociación reclama al ministro que en lugar de proponer medidas como la expuesta, que a su juicio sigue limitando el acceso a la Sanidad a un numeroso colectivo de personas, derogue el ya famoso Real Decreto 16/2012 al objeto de mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Y es que esta ley, como se recordará, conllevó la retirada de las tarjetas sanitarias a más de 800.000 personas, mucha de ellas inmigrantes sin permiso de residencia. Y en estas que desde FACUA siguen entendiendo que dicho Real Decreto es inconstitucional, por cuanto niega el acceso a un derecho básico, como es el de la sanidad. Y recuerda a tal efecto que el Tribunal Constitucional ya ha indicado que el derecho a la salud “no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Y más allá del hecho incontestable de la dificultad de los inmigrantes para acceder a ciertos servicios de la sanidad pública -sólo hay que darse una vuelta por hospitales y centros de salud-, amén de que también hay sectores que aluden a eso de que no puede ser que exista ‘barra libre’ para todo el que venga a España mientras sólo contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario los residentes, el Ministerio de Sanidad insiste en que devolverá la atención sanitaria a los inmigrantes, pero sin tarjeta. Lo ha dicho hoy mismo en Las mañanas de RNE el secretario general de Salud y Consumo, Rubén Moreno, quien ha argumentado que la atención se dará, sí, pero sin tarjeta, por aquello de evitar el turismo sanitario. Y es que Moreno ha puesto sobre la mesa el coste que puede suponer que cada comunidad aplique una política distinta en este sentido. “No puede, por una decisión de una comunidad, la que sea, dar una tarjeta que signifique que otra vez la Comisión Europea nos denuncia, que es lo que es un dictamen motivado, y nos condenen a nivel europeo. Este país no se lo puede permitir, (ya que) no tenemos recursos para eso”, ha explicado Moreno a los micrófonos de RNE. Y como de decretos y cifras va la cosa, este responsable ministerial ha detallado que el Estado se ha ahorrado 3.000 millones de euros anuales desde que entró en vigor el antes mencionado decreto 16/2012, al tiempo que ha cifrado en 1.000 millones el ahorro por el turismo sanitario.

En fin, juzguen ustedes mismos. La vida misma.